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UNIONES CONVIVENCIALES -Análisis de su regulación legal-

    INTRODUCCION:

Abordaremos en el presente a las “uniones convivenciales”, término adoptado por el Código Civil y Comercial de la Nación para la regulación de esta  forma o tipo familiar, dejando de lado los términos que fueron utilizados para referirse a este tipo de uniones que se consideraban peyorativos y que revelaban la censura social y jurídica.

Si bien no es la primera vez que se legisla sobre dichas uniones, si es la primera vez que se la da una regulación integral a esta nueva forma familiar. Ya teníamos, producto de su multiplicación y expansión; algunas leyes especiales que les reconocían algunos efectos, tales como los otorgados por las leyes previsionales[1]  o por las leyes laborales[2] . Por otra parte las obras sociales también fueron admitiendo de manera paulatina, la incorporación del o la concubina/o como afiliados directos.

            Pero a pesar de que a nadie sorprende, y cada vez menos, que son más las personas que deciden vivir juntas y formar una familia sin acudir a la forma o molde matrimonial, constituye esta figura una de las principales novedades del Código en materia de relaciones familiares, porque como decíamos es la primera vez que se efectúa una regulación integral de esta forma familiar alternativa y diferente a la matrimonial.

Sin dudas, que su regulación ha generado algunas polémicas, como tantos otros temas incorporados al Código y otros que quedaron en el camino, antes de su aprobación. Pero la idea del presente, no es analizar la conveniencia o no de la regulación, o si la protección dada es insuficiente, defectuosa o excesiva, sino que nos abocaremos a analizar frente a este marco legal ya instaurado, como influye, impacta en las diferentes instituciones a lo largo del articulado y asimismo el influjo en el quehacer notarial que genera esta nueva forma familiar.

Por supuesto que no pretendo, ni es posible, agotar el tema, como todas las novedades del Código, el mismo exige un estudio sistemático, constante, y el tiempo y la aplicación de la figura irá sentando las bases para aquellas cuestiones que todavía no quedan claras o que generan interpretaciones contrapuestas que no es posible resolver tan fácilmente.

Se han planteado numeroso interrogantes, a los cuales tratare de dar respuesta, desde la perspectiva autoral y de la opinión personal elaborada a partir del estudio de la figura.

 

Análisis de la Estructura

Toda la regulación de las uniones convivenciales se encuentra contenida en el Libro II, Titulo III, a partir del artículo 509 al 528. En dicho título encontramos la regulación propiamente dicha de las uniones convivenciales, pero su repercusión es importante a lo largo del articulado, ya que la incorporación de este tipo familiar y la reestructuración general que se hizo en materia de relaciones de familia generó que la misma haya influido en numerosas normas, que solo mencionamos a título de ejemplo:

Art. 33: Legitimación para solicitar la declaración de incapacidad o restricción a la capacidad (Inc. b: el conviviente)

Art. 48: Prodigalidad: tiene acción el conviviente para solicitar la declaración.

Art. 59 Consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud: cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad, el conviviente está legitimado para prestar el consentimiento.

Art. 61 Exequias: el conviviente está legitimado para disponer el modo y circunstancias de las exequias e inhumación, en caso que el difunto no lo hubiera expresado.

Art. 87 Ausencia con presunción de fallecimiento: está legitimado el conviviente para solicitar la declaración.

Art. 246 puede ser beneficiario de la afectación en el régimen de vivienda

Art. 295 no puede ser testigo en los instrumentos públicos el conviviente del oficial público.

Art. 599 pueden adoptar los integrantes de la unión convivencial si lo hacen en forma conjunta (art. 602).

Art. 597 se prevé la adopción del hijo del conviviente

Art. 672 Progenitor afín: conviviente que vive con quien tiene a su cargo el cuidado personal del menor.

Art. 673 El conviviente de un progenitor debe cooperar en la crianza y la educación de los hijos del otro.

Art. 674 El progenitor a cargo del hijo puede delegar el ejercicio de la responsabilidad parental cuando no estuviera en condiciones de cumplir esa función en el conviviente

Art. 676 El conviviente tiene obligación alimentaria hacia los hijos del otro de manera subsidiaria.

Art. 1741  El conviviente tiene derecho a reclamar la indemnización por daño no patrimonial

 

 

 

 

Ámbito de aplicación

Es decir hacemos referencia a las situaciones, vínculos o relaciones que el Código considera incluidas dentro de la figura de la “Unión Convivencial”. El artículo 509[3] que es el artículo con el cual se comienza la regulación de la figura establece cuales son las características que debe reunir la unión para ser considerada unión convivencial.

Ya el solo nombre adoptada para la figura marca sus requisitos estructurantes: UNION: lo cual refleja la idea del proyecto de vida compartido en el marco de una relación de pareja signada por el afecto y CONVIVENCIAL: uno de los rasgos distintivos y estructurales lo determina la convivencia en el marco de ese proyecto de vida en común.

Sin embargo para poder establecer con precisión las relaciones que encuadran en esta definición, no podemos quedarnos solo con el artículo 509 que describe las características que debe reunir la unión, sino que debemos sumar los requisitos establecidos en el artículo siguiente, el artículo 510, donde se establecen los requisitos que debe reunir esa relación al momento de su constitución.

Es así que sumando las características de la unión (509), como los requisitos de constitución (510), tenemos claramente la estructura de las uniones convivenciales y como consecuencia el reconocimiento de los efectos que prevé el título III.

 

Ellos son:

  1. Proyecto de vida común, basado en una relación afectiva.
  2. Unión: singular, pública, notoria, estable y permanente.
  3. Dos personas: que sean de igual o distinto sexo, mayores de edad; ausencia de parentesco[4] y ausencia de impedimento de ligamen.
  4. Convivencia mínima de 2 años
  5. Sin una convivencia simultánea registrada.

 

Proyecto de vida en común: implica una comunidad de vida y es lo que diferencia a las uniones convivenciales de otras relaciones circunstanciales.

Singularidad: exige que la vida y el proyecto común de los miembros de la unión sea singular. Se adscribe así a un modelo de organización familiar centrado en la monogamia, en consonancia con los valores culturales dominantes en la sociedad argentina. Y vinculado con la singularidad es que se establece como requisito que no haya impedimento de ligamen ni otra convivencia simultanea (registrada)

Esta nota caracterizante de la unión convivencial es trascendente, toda vez que el deber de fidelidad en el matrimonio ha quedado regulado como un deber moral; siendo en la unión un requisito de la constitución.

Permanencia-estabilidad: exige una comunidad de vida continua y no interrumpida. Implica la existencia de un lapso de duración de la convivencia a los fines de que pueda generar consecuencias jurídicas. Por ello se exige que la convivencia se mantenga durante un período mínimo de dos años.

Convivencia por 2 años:  Nos preguntamos si es posible invocar la figura de la unión convivencial a quien acredite poseer los años de convivencia con anterioridad a la aplicación de la nueva norma?

Para Kemelmajer de Carlucci: Pueden solicitar la inscripción las uniones ya constituidas que cumplan con los requisitos del Art. 510. (Aplicación del Art. 7)

Otro interrogante es el dilucidar: ¿desde cuándo se produce el reconocimiento de los efectos? Para el futuro una vez cumplidos los dos años? O retroactivos al comienzo de la unión, una vez  cumplidos los 2 años?

 

Registración

¿Qué papel ocupa la registración?. Como se puede advertir, no está mencionada entre los requisitos para la constitución del Artículo 510 analizado.

Dicho recaudo de registración es mencionado en el artículo 511, el mismo establece que tanto la existencia como la extinción de la unión convivencial se inscribe en el registro que corresponda a la jurisdicción local[5], solo a los fines probatorios.

                        Es de carácter administrativo, no constitutiva.

Debe ser solicitada por ambos integrantes de la unión[6]. (Art. 511 C.C. y C.). En el caso del cese puede ser solicitada por uno solo de los integrantes.

El objetivo que persigue la registración de las uniones es la protección de las relaciones emergentes del proyecto de vida en común y asimismo la seguridad y protección de los derechos de terceros que pudieran vincularse con los convivientes.

Es importante mencionar para el ámbito de nuestra provincia de Córdoba, la Resolución N° 113 del Ministerio de Justicia de la Nación[7], la cual crea en el ámbito del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas el registro de Uniones convivenciales.

Por lo que la inscripción no es un requisito para la existencia de la unión, sino que el mismo se exige a los fines probatorios.

Y asimismo cabe expresar que como lo establece el artículo 512 : la existencia de la unión puede acreditarse por cualquier medio.

En función de los recaudos exigidos y del papel que ocupa la registración es que podemos encontrar: Uniones convivienciales Inscriptas o no Inscriptas[8].

En ambos supuestos, se les aplican las disposiciones del título III del Libro II, como así también toda la normativa del Código en la que se hace referencia a los convivientes; en cuanto a requisitos, pactos, relaciones patrimoniales, piso mínimo obligatorio, entre otras. La diferencia está dada en lo que se refiere a la Protección de la vivienda Familiar (Art 522): en cuanto sólo en las uniones inscriptas se exige el asentimiento para la disposición de los derechos sobre la vivienda familiar y de los muebles indispensables y para transportarlos fuera de la vivienda.

Por lo tanto si se trata de uniones convivenciales no inscriptas, no es necesario y más que eso, no corresponde requerir el asentimiento para la disposición.

Es aquí donde debemos detenernos en el análisis de indagar hasta donde y de qué manera podemos tener por acreditada la circunstancia de estar o no inscripta la unión, a la hora de otorgar un acto con nuestra intervención.

Es por ello que cobra relevancia la inserción en el cuerpo de la escritura de la declaración por parte de los comparecientes de poseer o mantener una unión convivencial inscripta o no inscripta.

Es así como nos preguntamos, si en todos los casos deberemos solicitar o colocar la declaración de mantener una unión conviviencial o solo en aquellos casos en los que la  misma esté inscripta y ello genere las consecuencias y efectos previstos por el ordenamiento.

Entiendo que en ambos casos es importante receptar esa declaración de voluntad de las partes, toda vez que:

  • si está inscripta: por las consecuencias que genera para la disposición de ciertos bienes (Art. 522). En este supuesto, es necesario, obligatorio exigir que se acredite la inscripción de la unión?

En esta situación yo hago un paralelo con otras situaciones como cuando nos dicen que son casados, viudos o divorciados; no pedimos acreditación de dichas circunstancias, toda vez que son declaraciones de las partes que no hacen plena fe. En el caso de la unión inscripta pasa lo mismo, no sería obligatorio que se acredite dicha circunstancia, lo que no impide que si en el caso particular teniendo la documentación pertinente a la vista se decide dejar constancia.

  • si no está inscripta: por el derecho que como convivientes le asiste de dejar sentada y acredita la situación jurídica que poseen y porque como el Art. 512 establece que la unión se puede probar por cualquier medio. Sin dudas que la manifestación de las partes es un medio de prueba (confesión). Lo que habría que preguntarse es si basta con la declaración de uno solo de los integrantes o si es aconsejable que ambos lo hagan.

 

 

Estado civil de los convivientes

 

Estas reflexiones vertidas sobre la inclusión de la manifestación que realizan los comparecientes acerca de la situación jurídica de encontrase en unión convivencial, nos lleva a analizar si esta situación genera un estado civil o estado de familia nuevo, que se añade a los ya conocidos o si sólo es una circunstancia que debemos agregar para los efectos determinados por el ordenamiento.

Si se entiende que genera un estado de familia, deberemos colocar entre las circunstancias que individualizan al sujeto, que el mismo posee o mantiene una unión convivencial, lo que será suficiente para determinar su estado civil, a los fines de dar cumplimiento al inc. B del art 305 cuando exige consignar entre otros datos, el estado de familia de los otorgantes.

Si se considera que no genera un nuevo estado civil deberemos aclarar antes de colocar si posee una unión convivencial, el estado civil que le corresponde; es decir si es soltero, viudo o divorciado. Que son los únicos compatibles con la situación de unión convivencial, conforme los recaudos que exige la regulación para encuadrar en la figura.

Para la doctrina mayoritaria: No se genera un nuevo estado de familia. El reconocimiento de esta nueva forma familiar no trae aparejada la atribución de  un estado de familia especifico; sin perjuicio de los efectos personales y jurídicos que se derivan del actual marco regulatorio.

Para otros: Admiten la existencia de un estado de familia, restringido; ya que aclaran que sólo genera este estado de familia entre los miembros de la unión.

 

PACTOS DE CONVIVENCIA

 

Los pactos son convenciones escritas otorgados por los integrantes de la unión destinados a regular tanto cuestiones de índole patrimonial como extrapatrimonial, destinadas a regir durante su existencia como con posterioridad a su cese. Los mismos posibilitan a la pareja diseñar los aspectos del proyecto de vida en común como una manifestación plena de su autonomía personal y sus elecciones individuales. Los pactos constituyen un fiel reflejo por parte del ordenamiento de la libertad y de la autonomía con responsabilidad

                        En virtud de la autonomía de la voluntad reconocida a las uniones convivenciales, es que pueden a través de los pactos diseñar su propio estatuto legal, con ciertas limitaciones. Ya que si bien se reconoce la libertad, la misma no es absoluta en función del principio de la solidaridad familiar, igualdad y no discriminación que debe existir entre sus miembros.

Asimismo y en virtud de esa libertad para diseñar su propio régimen, es que es posible que las partes decidan no celebrar pacto alguno, en cuyo caso rigen supletoriamente las normas contenidas en el título[9].

Si deciden celebrar el pacto, es este el que rige sus relaciones, con prioridad a las normas del código (art. 518); salvo en lo que respecta al piso mínimo obligatorio que no puede ser dejado sin efecto por los mismos.

Si no celebran pacto: se aplican las disposiciones respectivas del título III; por lo tanto cada uno ejerce la administración y disposición de sus bienes.[10]

Si es importante remarcar que en ambos casos existe un piso mínimo inderogable (sobre el que abundaré más adelante) que se aplica, con o sin pacto, o aún contra el pacto

                        FORMA: son actos jurídicos formales, ya que la ley exige que sean por escrito; sin distinguir el tipo de instrumento, por lo que el mismo podrá ser público o particular firmado. En el caso del particular firmado, no es necesaria la certificación de firmas.

En relación a la forma algunas jurisdicciones, como por ejemplo Córdoba[11] y Salta, aclaran que si es instrumento privado, debe ser con firma certificada. Para otras, como Mendoza, basta un simple escrito firmado por ambos integrantes.

Asimismo es menester recalcar que hay doctrina que entiende que si el pacto contiene regulación referida a bienes inmuebles debería esta r contenido en una escritura pública.

 

                       

CONTENIDO:

                        El artículo 514 establece el contenido de estos pactos, que sin dudas, se hace de manera simplemente enunciativa, toda vez que dispone, que los pactos pueden regular, entre otras cuestiones…..:

  1. contribución a las cargas del hogar[12]: Pueden pactar la contribución o el aporte que efectuará cada uno. Podrán asumir que las cargas se asuman por partes iguales, por solo uno de ellos (en el caso de que el otro no tenga un ingreso); en proporciones desiguales o distribuir los gastos por la categoría o especie de gasto. En este punto la autonomía tiene una amplia cabida y responderá en general a los proyectos de vida común familiar y a los proyectos de vida personales. Es importante tener en cuenta que el Código Civil y Comercial establece que el Trabajo en el hogar es considerado como una contribución a las cargas (art. 455, in fine)
  2. atribución del hogar común en caso de ruptura. Cuando se habla del hogar común se refiere al inmueble que es sede del hogar familiar, sin tener en cuenta a su titular real, que puede ser de uno solo de ellos o de ambos en condominio, o incluso puede ser un inmueble alquilado. Independientemente de la titularidad, el tema de la vivienda siempre genera conflictos a la hora del cese de la convivencia, por ello resulta útil prever su destino para el supuesto del cese de la unión. En el caso de que no se prevea la atribución de la vivienda para el caso de la ruptura, deberá ser solicitada judicialmente, demostrando la existencia de los recaudos exigidos por la norma para su procedencia. (art. 526)

Podrá decidirse que el inmueble, sede del hogar familiar, se atribuya a quien quede a cargo de los hijos, se puede estipular también que durante el lapso que el integrante de la unión quede en el hogar, no se pueda disponer del mismo. Se podrá también atribuir el uso por uno de ellos por un plazo o que se perciba un canon a favor del titular que no lo ocupa, etc.

En el caso que no se decida nada sobre la atribución del hogar familiar, deberá ser solicitada judicialmente (art. 526)

Una de las diferencias entre la atribución determinada por el pacto y la decidida judicialmente, es que en la decidida por voluntad de los convivientes puede no estar sujeta a plazo; en cambio la determinada judicialmente no puede exceder de 2 años.

  1. división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común en caso de ruptura. La existencia de una unión convivencial como ya se dijo no plantea ni sujeta a sus miembros a ningún régimen patrimonial, sino que cada uno conserva la administración y disposición de sus bienes, cualquiera sea el origen de la adquisición, es decir, sea gratuita u onerosa. Es decir, se mantiene la individualidad de los patrimonios. Pero el Código permite que la autonomía de la voluntad de los integrantes de la unión regule sus relaciones patrimoniales. En este sentido el art. 518 establece: “…las relaciones económicas entre los integrantes de la unión se rigen por lo estipulado en el pacto de convivencia…”

                   Lo que no queda claro a que hace referencia el inciso, cuando habla de bienes obtenidos por el esfuerzo común, será los obtenidos en condominio por los convivientes? o también los obtenidos durante la convivencia de manera onerosa?, es decir aquellos que se adquieren por uno solo de ellos, pero han contribuido ambos, producto del esfuerzo personal y laboral de cada uno de ellos?.

Podrían en virtud del pacto sujetarse a un régimen de comunidad, en el sentido de hacer comunes los bienes obtenidos de manera onerosa y de esa forma dividirlos por mitades al cese de la unión. O podrían determinar una participación en los bienes adquiridos, sea por cualquier título, la cual puede ser igual o no. También podría convenirse la atribución unilateral de algunos bienes a uno de ellos.

También puede determinarse, no solo la atribución de esos bienes, sino algún sistema de gestión o administración conjunta; impidiendo de esa manera la libre disposición unilateral.

Dijimos que si bien por el juego de la autonomía de la voluntad los miembros de la unión pueden dotar de contenido a estos pactos para regular sus relaciones en todos los órdenes y todos lo ámbitos, también es cierto que el ordenamiento establece ciertos límites, en función de principios ya relacionados, como son la solidaridad familiar, la igualdad y la no discriminación. Es así que se establece un doble orden de limitaciones:

  • Piso mínimo obligatorio: el cual constituye una autentica tutela jurídica de las personas que deciden vivir en unión convivencial, garantizando la efectiva protección de sus derechos de manera compatible con la garantía constitucional de la protección integral de la familia.

Este piso mínimo obligatorio está constituido por los siguientes deberes y derechos a cargo de los miembros de la unión:

  1. a) Asistencia (art. 519): deber que solo les corresponde durante la convivencia. A diferencia del matrimonio donde puede establecerse alimentos durante la separación de hecho y excepcionalmente luego del divorcio (art. 432 y 434)
  2. b) Contribución a los gastos del hogar (art. 520) en proporción a sus recursos (art. 455);
  3. c) Responsabilidad por las deudas frente a terceros (art. 521)
  4. d) Uniones inscriptas: protección de la vivienda familiar (art. 522) para la que requiere el asentimiento para su disposición.

 

  • General (art. 515): constituido por el orden público, la igualdad de los convivientes y sus derechos fundamentales.

 

 

 

 

Registración de los Pactos: establece el código en sus artículos 511 y 517 que para ser oponibles los pactos a terceros deben ser inscriptos en el registro de uniones convivenciales y en el registro de los bienes que estuvieran involucrados en los mismos.

              Si los pactos no contienen disposición alguna sobre bienes, o lo tiene pero respecto de bienes no registrables, bastará con la inscripción en el de uniones convivenciales.

Sin perjuicio de ello, si los pactos no están inscriptos son plenamente oponibles entre los integrantes de la unión, desde su celebración.

Es importante aclarar, que a diferencia de la inscripción de la existencia de la unión, para la registración de los pactos no establece la norma que deba hacerse en conjunto por los convivientes, por lo que se interpreta que puede ser solicitada la inscripción por solo uno de los integrantes de la unión.

Atento a que los pactos constituyen una facultad de la pareja que se encuentra en unión convivencial, como así lo es también su registración, es posible encontrar distintas situaciones:

 

Inscripto

Con pacto     no inscripto

Inscriptas

Sin pacto

Uniones

 

Con pacto

No inscriptas

Sin pacto

 

En las uniones no inscriptas, no hay posibilidad que haya pacto inscripto, ya que su inscripción presupone la previa o simultánea inscripción de la unión[13].

Extinción de los Pactos: efectos

 

Art. 516: …”el cese de la convivencia extingue los pactos de pleno derecho hacia el futuro..”

                        Art. 517: “… los efectos extintivos del cese de la convivencia son oponibles a terceros desde que se inscribió en esos registros cualquier instrumento que constate la ruptura..”

Es necesario efectuar una aclaración, sabemos que los pactos pueden contener previsiones para las relaciones patrimoniales una vez producido el cese de la unión, que es cuando mayor relevancia y trascendencia adquieren los pactos. Por ello, cuando el artículo refiere a que se extinguen de pleno derecho, esto es así en relación a los derechos y obligaciones que tenía cada uno durante la convivencia, pero una vez producida la ruptura (cualquiera sea la causa), se cumple la condición suspensiva (la ruptura) que da nacimiento a los derechos acordados frente al acaecimiento de dicho hecho, por lo que nacen los derechos  acordados por medio del pacto, como puede ser la atribución de algún bien o bienes previstos en el pacto.

Por supuesto que para que estos efectos sean oponibles a terceros deberá inscribirse la ruptura, como la atribución de bienes; ya que de lo contrario el bien seguirá estando en el patrimonio de su titular y seguirá vigente el régimen de administración y disposición que corresponda, según haya pacto o no, y según haya sido inscripto.

 

 

 

Oportunidad para su celebración

El código no establece desde cuándo y hasta cuando pueden celebrarse estos pactos, pero está claro que al ser pactos previstos para quienes mantienen una unión convivencial, podrán celebrarlos desde el inicio de la unión, como durante su existencia, en cualquier tiempo.

Lo que no está previsto es que se celebren una vez extinguida la unión, o por lo menos no podríamos llamarles pactos de convivencia; lo que no obsta a que puedan celebrar convenios privados, en los que regulen sus relaciones patrimoniales, con causa en la ruptura.[14].

 

Cese de la Convivencia: Efectos Patrimoniales

 

El artículo 523 prevé las causas de cese de la convivencia y el artículo 528 determina los efectos patrimoniales frente al cese de la unión.

En términos generales podemos decir que si hay pacto, se debe proceder conforme a lo pactado: se trata de un acuerdo por el cual las partes se comprometen a una determinada conducta, como puede ser transferir uno o varios bienes al otro, sea en dominio pleno; usufructo, etc., también puede pactarse la atribución de la vivienda familiar, entre otras.

Para el efectivo cumplimiento de lo acordado se requiere un acto adicional al pacto, una vez producido el cese de la unión. El cual sin duda, al tratarse de derechos sobre inmueble deberá otorgarse en escritura pública.

Lo que nos preguntamos es cuál será el acto jurídico causal a otorgar; algunos autores hablan de partición; otros de atribución, adjudicación, transferencia, dación en pago. Podremos estar en presencia quizás de un contrato innominado?.

 

 

 

ATRIBUCION DEL USO DE LA VIVIENDA

 

A)- Voluntaria: Es voluntaria la atribución cuando estamos en presencia de una unión que celebró pacto en el cual se decidió la atribución de la vivienda a uno de los ex convivientes.

Dijimos que los pactos solo requieren la forma escrita, sin ser necesario que se trate de un instrumento público; pero aún habiéndose celebrado en instrumento público; la atribución de ese derecho nacido como consecuencia de la ruptura (hecho condición) no nace automáticamente.

En este supuesto será necesario darle forma a esa atribución, a través de una escritura pública que constituya el derecho de uso, usufructo o habitación que pudiera haberse pactado[15].

Si el inmueble es alquilado, el conviviente no locatario a quien se decide la atribución de la vivienda puede continuar la locación hasta el vencimiento del contrato (art. 1190)

 

  1. B) judicial: Esta modalidad tiene lugar si no se celebró pacto o habiéndose celebrado no se decidió sobre la atribución de la vivienda. El conviviente que acredite alguno de los extremos que permiten la atribución puede solicitarlo. (Art. 526).

 

*La diferencia entre la atribución voluntaria y la judicial, además del procedimiento necesario para obtenerla, es que en la voluntaria no necesariamente exige un plazo; mientras que en la judicial se establece un plazo, el que no puede exceder de 2 años.

  

  1. C) en caso de muerte de un conviviente: Art. 527.

                   Los convivientes no tienen vocación sucesoria entre sí, pero si la ley prevé mecanismos de asistencia, como es la atribución de la vivienda que constituyo el hogar familiar; incluso contra los herederos del causante y sin necesidad de la existencia de hijos. Ya que se considera que la vivienda es un derecho humano y en esa perspectiva se enrola el código civil y comercial.

Debe ser invocado judicialmente en el proceso sucesorio del conviviente el derecho real de habitación gratuito, el cual a diferencia del derecho real otorgado al cónyuge supérstite, el que además de gratuito es vitalicio, el otorgado al conviviente tiene un plazo máximo de 2 años.

El código enuncia el artículo colocando como título “atribución de la vivienda”, pero basta con leer el contenido del artículo para determinar que es un auténtico derecho real de habitación, pero con los matices propios de la figura a la que se aplica.

 

CONCLUSION FINAL

Sin dudas que el Código Civil y Comercial ha generado e introducido cambios importantes, relevantes y trascendentes. Y las uniones convivenciales son una gran muestra; ya que pasamos de una ausencia total de regulación, lo que generó frente a la injusticia de algunas situaciones, que las personas convivientes reclamaran su reconocimiento y lo lograran a través  de algunas disposiciones aisladas y en leyes específicas, a un régimen que abre el camino a la protección.

Resultaba contradictorio que los integrantes de la unión exijan solidaridad al estado y a los demás y que al mismo tiempo pretendieran vivir sin ningún tipo de solidaridad interna, como así lo han expresado los autores.

En definitiva, creo que es auspicioso el reconocimiento de las nuevas formas familiares y la regulación de situaciones que generan frente a la falta de normativa que las contemple situaciones injustas que entiendo serán menos con la nueva normativa.

 

[1] Ley 24.241, artículo 53, inc. c) y d): otorga derecho de pensión para el conviviente. Entendiendo que reviste dicha calidad quien hubiere convivido públicamente en aparente matrimonio por cinco años anteriores al fallecimiento del concubino. Plazo que se reduce a 2 años si hay hijos.

Es importante resaltar un fallo del TSJ de Córdoba en el cual por medio de la Sentencia Nº 54 del 18/05/2017, los vocales de la Sala Contencioso Administrativa de dicho cuerpo resolvieron otorgar el beneficio de la pensión por el trabajador jubilado fallecido en un 50 % a la conviviente y un 50% a la esposa, de quien se encontraba separada de hecho, pero no divorciado. El tribunal expreso que si bien estaba probada la convivencia por más de 11 años; esto no implicaba excluir al a esposa, ya que estaba también acreditado que el mismo durante todo ese tiempo nunca desamparó económicamente a su primera mujer.

[2] Ley 20.744, art. 248: otorga derecho a la concubina a la indemnización por fallecimiento del trabajador. Se entiende por concubina a la mujer que hubiere vivido públicamente con el trabajador durante 2 años. Siempre que el trabajador fuere soltero o viudo.

[3] Art. 509 C.C. y Com. De la Nación: “Ámbito de Aplicación. Las disposiciones de este título se aplican a la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o diferente sexo”.

[4] Según el art. 510 la ausencia de parentesco requerida comprende la línea recta en todos los grados, colateral hasta el 2º grado y por afinidad en línea recta.

[5] Esta circunstancia es cuestionada por la generalidad de los autores, al expresar que la falta de un registro único y a nivel nacional impide concentrar la información.

[6] La exigencia de que concurran ambos integrantes se vincula con la demostración de la exigencia de la convivencia, hace visible la existencia de la unión. Asimismo se justifica por la protección de la vivienda familiar que se da solo a las uniones registradas, y que compromete derechos de terceros.

[7] Art. 6 de la Resolución citada: “..Créase en el ámbito de la Dirección General del Registro del Estado Civil  y Capacidad de las Personas, el Registro de Uniones Convivenciales”. Lo que es coincidente con lo implementado en la mayoría de las provincias

[8] Son los convivientes los que en definitiva decidirán optar por inscribir su unión, en resguardo de sus derechos frente a terceros; pero aun cuando decidieran no hacerlo, siempre podrán probar su existencia por cualquier medio.

[9] Art. 513: “Las disposiciones de este título son aplicables excepto pacto en contrario de los convivientes. Este pacto debe ser hecho por escrito y no puede dejar sin efecto lo dispuesto en los artículos 519, 520, 521 y 522”

 

[10] A los convivientes no se les aplica ningún régimen patrimonial. Solo pueden tenerlo, si ellos así lo deciden mediante la celebración del pacto.

[11] Punto 105 de la Resolución 4/2015 del Registro General de la Provincia: Se prevé para el caso de atribución de la vivienda por cese de la unión que si resulta de un pacto dicha atribución, será susceptible de registración los actos instrumentados en documentos privados  con firma certificada.

[12] Comprende aquellos gastos habituales y necesarios para el mantenimiento del grupo, tales como los ineludibles para su mantenimiento, de los hijos comunes, los originados en concepto de alimentos, gastos médicos y sanitarios; los gastos para la conservación y mejora de la vivienda, etc.

[13] Para Armella Cristina: si puede haber pacto inscripto sin unión conviviencial inscripta. Entiende que son autónomas las registraciones.

[14] Lloveras, orlandi, Faraoni: TRATADO DE DERECHO DE FAMILIA, TOMO II, Directoras. Kemelmajer de Carlucci, Marisa Herrera, Nora Lloveras: El artículo 528 no necesariamente lleva a sede judicial las vicisitudes posteriores al cese de la convivencia. Solo se iniciarán acciones por enriquecimiento sin causa, interposición de personas, etc. Cuando los ex convivientes no lleguen a un acuerdo.

[15] Entiendo que no podría dejarse constituido mediante la celebración en escritura pública del pacto los derechos de Uso, Usufructo o habitación sujetos a la condición suspensiva de la ruptura; ya que son derechos que no pueden estar constituidos con dicha modalidad (ART. 2136 USUFRUCTO; 2155 USO; 2159 HABITACION.)

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